La inconsecuencia consigo mismo de Hugo Chávez.
Al concluir la larguísima cadena de lunes, en la que Hugo Chávez le dio una espaldarazo por ser su amigo al dictador libio Mohamar Gadaffi, un militar venezolano recuerda: El 11 de abril Miquelena, Rosendo y todo el Alto Mando Militar desconocieron la orden para aplicar el Plan Avila. En ese entonces Chávez argumentó: “Entre un amigo y un principio, me quedo con el principio”. Nueve años después, su amigo Gadaffi ordena aplicar el Plan Avila en Libia y ahora el filósofo Chávez dice: “No puedo condenar a un amigo a la distancia”.
El pasado 26 de febrero se cumplieron 16 años de la masacre de Cararabo (estado Apure), cuando 8 infantes de marina venezolanos fueron asesinados en ese puesto fronterizo, de la forma más cruel por guerrilleros del ELN.
En la masacre, murieron el Sargento Técnico de primera José Orlando Colmenares Zambrano; el Sargento Segundo José Gregorio Armada Aponte; el Cabo Segundo José Ascanio Aponte, el Cabo Segundo Hernán Eloy Graterol Tovar, el Cabo Segundo Jacinto Viloria Pereira, el Cabo Segundo Nelson Gregorio Contreras; el Distinguido Félix Ramón Guarenas Silva y el Distinguido Cándido Arenas Méndez.
La guerrilla no se conformó con asesinar a los infantes de marina, sino que les cortaron el cuello y les sacaron la lengua poniéndoselas de corbata. A otros, les cortaron los testículos y se los colocaron en la boca.
En aquella oportunidad, (1995) se realizó una investigación para determinar cómo se filtró información de inteligencia a la guerrilla colombiana del ELN.
Sorprende que el Jefe de Estado venezolano, que rinde honor a los guerrilleros caídos en Cantaura y en Yumare, que además ordena perseguir judicialmente a los funcionarios que actuaron en aquella oportunidad, a pesar de que han sido casos ya cerrados, haya olvidado mencionar y honrar a los soldados venezolanos que fueron masacrados en Cararabo.
Recién ocurridos los hechos, las agencias de noticias y los medios de comunicación colombianos, sostuvieron que el entonces presidente de ese país, Ernesto Samper, le había enviado a su homólogo venezolano Rafael Caldera, pruebas de la participación de Hugo Chávez en tales hechos.
Lo que sí fue un hecho, es que al juez militar que le llegó esta información y que se encargo de no investigarla, fue Eladio Aponte Aponte, quien durante el Gobierno de Hugo Chávez se convirtió en brazo ejecutor importante de persecución política.
Aponte Aponte fue arrastrado por el Caso Makled, después que apareció una credencial del Tribunal Supremo de Justicia a nombre del narcotraficante ahora preso en Colombia, firmado por Aponte Aponte, lo que privó para que no fuera electo presidente en el más alto tribunal del país.
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