Ivelise Acosta Farías, la juez que ha sido asignada al Caso Makled, tiene hace exactamente 3 años el expediente del Caso Sicodena, en el que ha ignorado existen pruebas irrefutables de estafa contra la Nación y daños a la seguridad nacional ocasionados con la entrega a Telcel de la Banda de 800 MHZ que constituía la mas importante frecuencia utilizada por el Ministerio de la Defensa.
Una de estas pruebas, es un informe realizado por expertos castrenses en el que se demuestra el grave daño a la nación.
El documento, dice entre otras cosas, que para entregarle las frecuencias a Telcel, nunca se consultó con el Ministerio de la Defensa, pues el Ministerio de Transporte sólo notificó como un hecho cumplido la firma de la concesión y además advierte que deberá dejar libre la referida Banda, a objeto de evitar interferencias a la Empresa Concesionaria.
El contrato, según el informe representó por derechos de concesión, un monto de Bs. 5.387.387.900,07.
Alertado sobre la gravedad de entregar las frecuencias, el entonces Ministro de la Defensa, General Fernando Ochoa Antich en decisión escrita ordena: “Realizar las coordinaciones necesarias, ejerciendo toda la autoridad posible en defensa de los intereses de las Fuerzas Armadas”.
El escándalo se desata en la prensa nacional en diciembre de 1991, lo que provoca la declaración pública del Ministerio de la Defensa advirtiendo que no cederá las frecuencias, si esto afecta la Seguridad y Defensa Nacional.
El informe destaca que se realizó una reunión entre CONATEL, y el Ministerio de la Defensa, a objeto de tratar nuevamente el problema ocasionado por la asignación de la Banda de Telefonía Móvil Celular.
En esta reunión destaca como punto principal “El Análisis de requerimientos y costos de reasignación de Bandas, reubicación de equipos y cualquier otro cambio que fuese necesario, a objeto de elaborar un plan de soluciones progresivas al problema”.
Para representar al Ministerio de la Defensa en este problema fue designado el general de División Oswaldo Sujú Raffo, Inspector General del Ejército. Esta comisión estuvo integrada además por los siguientes Oficiales Superiores: CAP. NAV. (ARM) Asunción Uban Chacares, Jefe del Proyecto MUFLA, Cnel. (EJ) Venancio Ortega Batista, Jefe del Servicio de Comunicaciones del Ejército, Cnel. (AV) Félix Dalis Rangel, Jefe de la Dirección de Comunicaciones de M.D, Cnel. (EJ) Ovidio Poggioli Pérez, 1er. Cte. Del Batallón de Comunicaciones Juan de Dios Agraz, y el Tte. Crnel. (GN) José F. Viña, Jefe del Dpto. de Ingeniería DICOMIDE.
En 1992, se detectó un problema de interferencia por parte de Telcel en el comando de la Cuarta División de Infantería y Base Aérea Libertador, el cual fue solucionado en forma provisional, sacando de operación los transmisores de Telcel; pero no se solucionó el problema.
El 13 de abril del 92 se detecta otra interferencia en el Comando de la Primera División de Infantería, Fuerte Mara, Fuerte Yaurepara y Paraguaipoa. Nuevamente se conversa con la Telcel, recibiendo esta vez como respuesta, que su sistema se mantendría en operación por cuanto ellos se encuentran amparados en un contrato de concesión. Este problema persiste y resulta agravado con el inicio formal del Servicio Móvil Celular en la Región Zuliana.
En mayo del 92, Conatel presentó una propuesta para la solución del problema que no fue aceptada por considerar que “no satisface los intereses de las Fuerzas Armadas Nacionales”.
El informe concluye entre otra cosas que el Ministerio de Transporte violó la ley al asignar las frecuencias militares a Telcel, pues al obligar a las Fuerzas Armadas a renunciar a las frecuencias asignadas, limitan en gran parte la capacidad operacional, pues los programas e expansión en telecomunicaciones y planes operacionales están basados en la disponibilidad de la Banda de 800 MHZ, además de la disponibilidad de la Banda de 2.5 a 2.7 GHZ.
Una de las soluciones que presentó el informe hasta ahora ignorado por la juez Acosta Farías, es que el Ministerio de la Defensa recibiera una contraprestación de aproximadamente US$ 100 millones, para reemplazar los sistemas de comunicaciones que pasaran a operar en una sub-banda de microondas, atribuida en forma oficial y permanente al Ministerio de la Defensa.
Telcel habría aceptado esta propuesta, pero nunca cumplió con el pago, por lo que se considera que la deuda de esta empresa con la Nación habría ascendido a 1200 millones de dólares, lo que daría la cuenta de 100 millones originales más 107 indexados desde 1991.
No hay comentarios:
Publicar un comentario