Denuncias? LLamanos!!

Skype Me!™

15 de marzo de 2011

Trabajadores petroleros no reciben respuesta por la malversación de su Fondo de Pensiones, ni por parte de la directiva de PDVSA, ni por la Asociación que los agrupa y debería representarlos.

Un total de 28 mil jubilados de PDVSA, dependen del Fondo de Pensiones que está congelado en Estados Unidos por el juicio que se le sigue a Francisco Illaramendi.

Rafael Ramírez, al ser interpelado en la Asamblea Nacional, respondió que el Fondo de Pensiones era manejado directamente por los trabajadores, lo cual ha quedado evidenciado como una mentira.

Según los datos que manejan los jubilados, en 1998 al ganar Hugo Chávez la presidencia de la República, el Fondo contaba con 8 mil millones de dólares. A eso habría que sumarle el 3% que se descuentan mensualmente a los 120 mil trabajadores activos, más el 9% que según la norma le debe poner PDVSA al fondo por cada trabajador. En 12 años, ¿A cuánto asciende esta suma?

Los jubilados de PDVSA dejaron de recibir hace 7 años aumento de su pensión, además que no tuvieron más acceso a los estados de cuenta del dinero que les pertenece, no se les informó más acerca de cuánto dinero había en el Fondo, ni las ganancias obtenidas por su colocación, mucho menos dónde se estaba colocando, a pesar de que los estatutos dicen que las ganancias anuales deben ser repartidas por partes iguales así: Un porcentaje de los dividendos a los jubilados; otro para aumentar la pensión (y tienen 7 años que no lo hacen) y la otra parte para aumentar el fondo de pensiones.

Si PDVSA antes era una caja negra, lo cual es parte del discurso oficialista sobre la industria petrolera, ahora es una caja roja. Los cierres económicos se hacen cada año los 31 de diciembre y no es sino hasta septiembre u octubre que les dan el dinero y de paso en dos partes.

Hasta ahora, y después del escándalo desatado por el juicio que se le hace a Illaramendi en Estados Unidos, no se le ha informado a los trabajadores petroleros dónde está su dinero, ni qué va a ocurrir con esto.

En el banquillo de los acusados no sólo está la directiva de PDVSA y el propio Illaramendi, sino la Asociación de Jubilados (AJIP) que se supone debió velar por la buena administración de estos recursos.

En correos internos, los jubilados acusan a AJIP, de servir sólo, (dicen textualmente):

1) Para evitar que PDVSA nos rinda cuenta sobre los destinos, inversiones, monto, intereses y rendimiento del Fondo de Pensiones.

2) Para hacerle deducciones a sus Afiliados, con la Finalidad de Organizar Fiestas de Fin de año.

3) Para interponer demandas mera declarativas (sin éxito) contra Pdvsa; sobre la aplicación (a los Jubilados Petroleros) de los derechos sociales y beneficios laborales consagrados y establecidos en la Constitución y en la Ley, a todos los trabajadores jubilados del país.

4) Para no ser tomados en cuenta a la hora de elaborar los Proyectos de Convención Colectiva Petrolera, ni mucho menos para la negociación y firma de las mismas.

5) Para permitir de manera complaciente, que Pdvsa vulnere y pisotee nuestros derechos e intereses económicos y sociales.

6) Para pasar cartas y más cartas, como muy bien han señalado algunos compañeros por ahí.

7) Para ser dirigida por unos Burócratas insensibles, que en nada se identifican con el dolor y sufrimiento que estamos padeciendo la mayoría de los trabajadores jubilados petroleros.

8) Para no ser capaces de desmentir pública y contundentemente las aseveraciones y respuestas dadas por el Ministro Ramírez, al Diputado Julio Montoya al momento de su interpelación; en relación con el manejo del Fondo de Pensiones.

La realidad, es que Eudomario Carruyo ha estado trabajando muy duro para contrarrestar a todo nivel las acusaciones que se preparan en su contra, por ser el responsable directo del manejo de las finanzas en PDVSA. Y las explicaciones que dará oficialmente, podrían resultar en que los trabajadores petroleros no pudieran pelear lo que en ley les pertenece.

No hay comentarios:

Publicar un comentario