Ante la advertencia del abogado de Makled, acerca de que su defendido hará en Venezuela las mismas denuncias contra funcionarios del Gobierno de Chávez que ha hecho desde Colombia, ya está lista la juez que se encargará del caso, una magistrada que no por casualidad tiene en sus manos congelado otro caso muy sensible para la defensa nacional –al igual que el de Makled- como es el de Sicodena, además de que por sus manos pasaron los expedientes de Guillermo Zuloaga y la juez María de Lourdes Afiuni.
Se trata de Ivelise Acosta Farías, quien en contra de la normativa judicial, no ha sido rotada de su puesto en 4 años. Cuando ésta juez recibió el expediente del Caso Sicodena -8 de Abril del 2008- ya le correspondía rotación de tribunal, pues tenía un año en el juzgado 1ro de control.
¿Qué es Sicodena?
El Caso Sicodena fue denunciado por Asutel (Asociación de Usuarios de Telcel) y trata de la concesión, por parte de la República de Venezuela, durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, a una empresa de telefonía celular –Telcel- de la mitad de la banda de frecuencias de 800 megahertz, en la cual operaban el Sistema de Comunicaciones de la Defensa Nacional (Sicodena) y el Sistema Multicanal Táctico del Ejército.
Según los documentos que están en el expediente, la empresa de telefonía celular que ganó la irregular licitación abierta para el otorgamiento de la señalada banda de frecuencias, no le pagó a la República el precio de la concesión, pactado en el contrato por 107 millones de dólares estadounidenses (equivalentes para el momento a Bs. 5.387.768.900,07), que por cierto sí fueron cancelados, pero con un cheque sin fondo cuya copia también está en el expediente.
La investigación sobre este caso comenzó con una denuncia que recibió el Ministerio Público el 25 de abril del 2002. Para esa fecha, el titular de la fiscalía asignada era el abogado Rafael Pérez Moochett, y el fiscal auxiliar interino era el abogado Franklin Ainagas Prieto, pero el Fiscal General, Isaías Rodríguez estuvo todo el tiempo pendiente, enterado de lo que ocurría y dirigiendo el caso. Tanto Pérez Moochett como Franklin Ainagas no hacían nada que no estuviese aprobado por aquél.
Los fiscales pretendieron cerrar el caso y los denunciantes nuevamente acudieron a un tribunal que designó como perito para investigar al contador público Edgar Contreras,
quien sí consignó su experticia en la que determinó que a la nación no le pagaron. Pero Isaías Rodríguez ordenó desacatar la orden del juzgado 21º de control para la ampliación de la experticia. Y no sólo eso, sino que luego ordenó solicitar el sobreseimiento de la causa sin esperar los resultados de dicha ampliación. También ordenó Isaías a finales de 2007, negar las pruebas solicitadas por los denunciantes.
El papel de la Juez de Makled para callar el Caso Sicodena
Cuando la Juez Acosta Farías recibe el expediente para aceptar o rechazar el sobreseimiento, Asutel –los denunciantes- pidió entonces la nulidad del sobreseimiento alegando entre otras cosas que el fiscal no citó a ninguno de los numerosos testigos (general Fernand Ochoa Antich, Radamés Muñoz León, Manuel Orozco Graterol, Omar Estévez Vegas, Ovidio Poggioli, Oswaldo Sujú Rafo, Iván Jiménez Sánchez, Nelson Ojeda Valenzuela, José Marsicobetre, etc.), además de que silenció el informe militar que detalla lo grave para la seguridad nacional de haber entregado esta concesión; y no esperó la experticia practicada por el contador Edgar Contreras, quien determinó que la empresa de telefonía celular no pagó a la nación el precio de la concesión.
Hasta los momentos, 3 años después, la Juez no ha tomado ninguna decisión, y los denunciantes del caso tienen ésta misma cantidad de tiempo recusándola.
Aunque la irregularidad de la entrega de la concesión habría sido cometida en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, es el Gobierno de Hugo Chávez en este momento el responsable de responder por los costos no percibidos por la Nación, además del perjuicio a la seguridad nacional que se cometió al entregar la concesión. En el informe militar sobre el tema, suscrito en junio de 1992 por expertos y oficiales activos, se especifican cuáles son esos daños.
La decisión que tome la juez Acosta Farías en este caso, al igual que en el juicio contra Walid Makled, tiene sin duda relación directa con el Gobierno de Hugo Chávez Frías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario